Violencia de género: entre la ley y la práctica, un abismo

Las víctimas de hostigamiento, descalificación, amenaza y hasta castigo físico recurren a los tribunales civiles en busca de medidas de protección: casi la totalidad decide iniciar un proceso judicial contra el agresor, que suele ser una pareja o ex pareja. Sin embargo, las situaciones de violencia persisten, y muchas mujeres abandonan el proceso judicial, aún cuando se dictaron prohibiciones de acercamiento o contacto y exclusiones del hogar. Son datos que arroja la publicación “Más allá de la denuncia. Los desafíos del acceso a la justicia”, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

La importancia de la denuncia

“La denuncia es un paso fundamental, porque implica que la víctima es consciente de que lo que le sucede no es un episodio privado, del que deba sentirse avergonzada o que sea natural que un vínculo esté atravesado por la violencia. Sin embargo, la denuncia es el primer paso de un proceso judicial, y no el último. Es el punto de partida para el ulterior dictado de una medida cautelar de impedimento de contacto del agresor, o de exclusión del hogar del mismo (que constituyen las medidas más usuales en estos procesos), así como una eventual condena penal si los hechos denunciados configuran un delito”, explica Josefina Durán, abogada y directora del área de Justicia del ELA.

“El acceso a la justicia es un problema que debe entenderse en forma integral y debe abordarse de forma interdisciplinaria, con compromiso de los profesionales y operadores de la justicia, junto con políticas públicas que defiendan los derechos de las mujeres. Es crucial no revictimizar a las mujeres a través de un procedimiento jurídico que las ignore y, a su vez, menosprecie sus derechos”, opina Silvia Paola Viqueira, abogada penalista especialista en violencia, en una columna para Entremujeres.

La creación de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que trabaja durante las 24 horas todos los días del año, ayudó a incrementar la cantidad de denuncias, opina el doctor Norberto Garrote, Director del Hospital de Niños Pedro de Elizalde y Director de la Especialización en Violencia Familiar de la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA). “Es necesario reconocer que la sociedad avanzó mucho en el reconocimiento y la visibilización de la violencia en general y, particularmente, en la que se despliega dentro de los entornos familiares. No obstante, no es fácil develar el maltrato que se sufre dentro del núcleo familiar, porque se tiende a ocultar todo aquello que resulta inaceptable o prohibido”.

Segúnuna investigación realizada por el ELA, más el 43% de las mujeres que se acercaron a la OVD habían realizado denuncias previas en instituciones policiales: “La Policía es el primer lugar donde acuden a denunciar las mujeres, porque es lo que tienen más cerca, abierto las 24 horas. En el imaginario sigue siendo el lugar indicado para las denuncias. Sin embargo, no son lugares especializados en la temática, por lo cual recomendamos acudir a las Comisarías de la Mujer (allí donde las hay), a las Oficinas de Violencia Doméstica o a las fiscalías”, dice la abogada Josefina Durán.

Entre la ley y la práctica, un abismo

La ausencia de patrocinio gratuito y las deficiencias de las políticas públicas integrales son algunas de las causas por las cuales estas mujeres no acceden a soluciones duraderas, explica Natalia Gherardi, directora de ELA.

“Las leyes locales de violencia familiar, así como la Ley de Protección Integral para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres en el ámbito en que desarrollen sus relaciones interpersonales, son buenas leyes. El problema es el abismo entre la ley y la práctica, y la práctica incluye el accionar de la justicia, pero también la necesaria participación de la víctima”, dice Durán. “Para que ella pueda sostenerse en el proceso hacen falta políticas públicas eficientes que brinden patrocinio jurídico gratuito, atención psicológica (porque a quien denuncia no deja de ser alguien con quien tuvo un vínculo afectivo, y eso genera muchas veces ambivalencias en el sentimiento si no se encuentra fortalecida), posibilidad de acceder a un plan de vivienda o a un subsidio, ya que muchas veces depende económicamente de la persona violenta”.

En la misma línea, Paula Narváez, especialista de programas en América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, comentó en una entrevista que, si bien hay nuevas leyes, “las actitudes que perpetúan la violencia contra las mujeres persisten” y “existe la necesidad de incrementar su aplicación, en particular, para abordar el grave problema de los feminicidios de la región”.

Hace unos días, la Cámara de Diputados convirtió en ley una modificación al Código Penal, por la cual podrán recibir reclusión perpetua quienes cometan femicidio. Esta figura se incorporó como un tipo agravado de homicidio, que establece “agravantes por el vínculo” y descarta el uso de atenuantes cuando el hombre tenga antecedentes por violencia. Todos tenemos que hacernos cargo: durante el año pasado fueron asesinadas 282 mujeres a causa de violencia de género.

 

NO TE QUEDES CALLADA, DENUNCIÁ.

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